[23 de agosto de 2015] La educación no puede ser definida solo desde los Gobiernos o las aulas. Todos deberíamos tener la posibilidad de participar, de diferentes modos, de las grandes definiciones educativas; todos deberíamos asumir la responsabilidad de comprometernos con la concepción, el desarrollo y el monitoreo de las políticas. Desde ya, esta idea es mucho más fácil de formular que de realizar. Sin embargo, no es imposible. La discusión sobre la educación podría tener un lugar más relevante y permanente en nuestra sociedad, y en las condiciones actuales es difícil que este debate se construya espontáneamente a partir de voluntades individuales. Se dice que la educación no es una preocupación prioritaria para los argentinos. Es difícil que así sea cuando otros temas más acuciantes -como llegar a fin de mes o llegar sano y salvo al hogar- nos desvelan cotidianamente. Es difícil cuando esta prioridad no aparece clara desde las clases dirigentes, pese a que tampoco están a salvo del deterioro, ya que las escuelas de las clases altas de la Argentina obtienen los mismos resultados que las de más bajo nivel socioeconómico de los países centrales. El año electoral es un contexto privilegiado para reflexionar sobre el estado de la educación y los lineamientos de política cruciales para el período que viene. Pese a los avances alcanzados en las últimas décadas, el sistema educativo tiene por delante complejos desafíos. Resta, ante todo, garantizar el acceso de todos los alumnos a los saberes y las capacidades indispensables, derecho básico, y condición para la inserción social y el desarrollo social, cultural y económico del país. Lograr este objetivo supondrá potenciar o revisar, según los casos, lo que se ha venido haciendo en diversos planos de la política educativa. ¿Cómo mejorar los aprendizajes? ¿Cómo mejorar los salarios, la formación, la motivación y las prácticas de enseñanza de los docentes? ¿Qué políticas se adoptarán para cada nivel educativo? ¿Cuáles serán los objetivos de inversión para la próxima década y cuáles los instrumentos legales para comprometer a los Gobiernos nacional y provinciales? Estas son solo algunas de las grandes preguntas abiertas.

La complejidad, la relevancia y las consecuencias de las definiciones exigen articular como sociedad ciertos acuerdos fundamentales. No podemos dejar solos a los próximos ministros en la nación y en las provincias. La política educativa no puede seguir siendo considerada como algo técnico, depositado en manos del ministro del momento.

Los expertos en educación, tanto del ámbito de la gestión como del ámbito académico, pueden participar en esta etapa de transición aportando ideas. Hay que aprender de la experiencia de quienes han ocupado lugares en el Estado, y apoyar el planeamiento en los aportes de la investigación. Los especialistas tienen una responsabilidad en la delimitación de lo imaginable y en la concepción o la puesta en marcha de las políticas.

En un ámbito tan fragmentado como el de la educación, es indispensable fortalecer el diálogo y encontrar denominadores comunes en las visiones de unos y otros. Solemos ser mejores para criticar que para reflexionar con realismo y fundamentos sobre las mejores políticas del pasado, y las que serán más eficaces y viables en el futuro. Tendemos a focalizarnos sobre las diferencias y los matices, más que en los consensos en torno a grandes lineamientos.

Además de los expertos, sería importantísimo que todos los sectores concernidos pudieran articularse sobre ciertos acuerdos básicos: el Congreso, los gremios, los credos, las ONG, los medios, las empresas. Nada impide -y las nuevas tecnologías más bien lo facilitan enormemente- generar encuestas masivas de opinión sobre la política educativa. O encuentros locales donde ciertos acuerdos generados por los expertos puedan ser sometidos a discusión.

Así se ha hecho recientemente en Ecuador. El Plan Nacional de Educación (2006-2015) fue aprobado mediante un plebiscito nacional con una aprobación de casi el 70 % de la ciudadanía, posteriormente ratificado en la nueva constitución de 2008. En Chile, 20 instituciones ligadas a la educación lideraron durante cuatro meses de 2014 una consulta social masiva, que respalda a través de 26.000 firmas, 12 principios y 129 propuestas para una nueva profesión docente, a presentar ante el ministro de Educación. En Brasil, la asociación Todos por la Educación, creada en 2006, congrega a funcionarios públicos, educadores, alumnos, investigadores, periodistas, empresarios y organizaciones civiles, con el objetivo de propiciar las condiciones de acceso, alfabetización y éxito escolar, el incremento de los recursos para la educación básica y la mejora de la gestión de esos recursos.

Es imperativo consensuar un plan decenal de educación, como existen en Brasil, Ecuador, Colombia o República Dominicana. Sería ideal hacerlo a través de una ley nacional que garantice su implementación más allá de una gestión. De lograrse, representantes de los diversos sectores concernidos podrían conformar un Consejo de Compromiso Educativo autónomo, encargado de acompañar la concepción y la puesta en marcha de ese plan decenal a través de la producción de conocimiento, la generación de consensos, la propuesta de orientaciones estratégicas y el monitoreo de las políticas.

Todos tenemos que dar un paso de madurez y compromiso en una cuestión tan clave para el desarrollo individual y social, que desde hace tiempo presenta síntomas muy preocupantes. Es imperativo articular las numerosísimas voluntades desperdigadas a través del territorio, que muestran que a los argentinos sí nos importa la educación de nuestros hijos. Nuestro futuro depende en buena medida de esto.