Autores: Cecilia Veleda, Florencia Mezzadra y Axel Rivas
Fecha: Septiembre de 2015
Tipo de publicación: Documento de trabajo
A fines de este año las elecciones iniciarán una nueva etapa política en la Argentina. El recambio de los equipos en el gobierno nacional y en la mayoría de los gobiernos provinciales constituye un contexto privilegiado para alimentar el debate público sobre las prioridades de la política educativa en el período que viene. Pese a los avances de las últimas décadas, el sistema educativo tiene por delante complejos desafíos. Buena parte de los alumnos no adquiere los conocimientos y competencias indispensables para una inserción social plena. Estos bajos niveles de aprendizajes están estancados desde hace años. Muchos alumnos faltan, repiten o abandonan la escuela. Por eso, la difícil situación educativa de la Argentina debe transformarse en una cuestión prioritaria y decisiva.
Durante la última década se avanzó en garantizar las bases necesarias para mejorar la educación. Se sancionaron leyes muy importantes, se extendió la obligatoriedad del nivel secundario y el nivel inicial, se aumentaron la inversión y el salario docente, se crearon nuevos cargos docentes, se distribuyeron libros, computadoras y otros insumos importantes, y se atendió a las escuelas más vulnerables. Además, se consensuaron a nivel federal los núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP) que cada alumno debe adquirir. Para apostar al futuro, también se extendió a cuatro años la formación inicial de los maestros y se reformuló su plan de estudios.
Es fundamental sostener muchas de estas políticas en los próximos años, pero no son suficientes. Porque la difícil situación educativa responde también al malestar de la docencia. Maestros y profesores reciben una formación insuficiente -desactualizada o desvinculada de las numerosas problemáticas que deben afrontar-, enseñan en soledad y no tienen oportunidades genuinas de desarrollo profesional durante su carrera. Además, sus salarios fluctúan junto con los vaivenes macroeconómicos y varían ampliamente según las provincias. Por todo esto, sufren un fuerte desprestigio en la sociedad. Y, sin embargo, los docentes son determinantes, ya que la calidad del aprendizaje depende en amplia medida de la calidad de la enseñanza.
El desafío en juego es tan relevante como complejo: la política educativa afecta a millones de personas –docentes, alumnos, familias—, exige establecer prioridades entre alternativas no siempre evidentes, tarda en mostrar sus efectos, debe ser sistémica y sostenerse en el largo plazo. Habrá que aprender del pasado, profundizar las buenas políticas nacionales vigentes y recuperar políticas provinciales eficaces, para propagarlas en el resto del país. Este documento, centrado en el gobierno nacional y en la educación básica, propone algunos aportes en este camino.
Se sugieren 10 políticas, organizadas en cinco estrategias:
1) consensuar un plan decenal con financiamiento y mejorar la información, como condiciones indispensables para el cambio; 2) generar dispositivos más cercanos y precisos de apoyo a la enseñanza; 3) conformar equipos docentes sólidos y 6 comunidades participativas en todas las escuelas; 4) concebir políticas específicas para cada nivel educativo, y 5) formar mejor a los docentes y a los cuadros de conducción del sistema educativo, como estrategia fundamental para una transformación más profunda a largo plazo.
Aunque varias de estas políticas son una atribución netamente provincial, el Ministerio de Educación de la Nación podría propiciarlas de diversos modos (aportar los recursos necesarios, proponerlas en los consejos técnicos pertinentes, favorecer los consensos en el Consejo Federal de Educación). El liderazgo nacional es indispensable para generar una transformación sistémica.