Un salario digno no solo es un derecho laboral: además habilita un mejor desempeño profesional y contribuye a garantizar suficientes docentes titulados en todas las especialidades, un desafío pendiente. Desde 1983 el salario de los docentes sufrió dos depreciaciones del 40%: una durante los años 80 y otra en 2001.

Recién a partir de 2003 se inició una recuperación histórica. En 2012 su valor real era un 50% más que en 1996.

Esta recuperación se dio en el contexto del gran crecimiento del PBI, de la recaudación impositiva y del gasto público. La Ley de Financiamiento Educativo, que planteó el objetivo de alcanzar el 6% del PBI en inversión en el sector, brindó el marco para garantizar el aumento en la inversión, gran parte de la cual se destinó a saldar la deuda con los docentes.

Hoy el escenario es diferente. Con una inflación creciente y mayores restricciones fiscales, sostener el aumento del salario docente es un gran desafío.

La educación es uno de los mayores componentes del gasto público total de las provincias (25% en promedio) y el salario docente representa más del 90% del gasto en educación. Al ser una profesión tan masiva, un pequeño aumento salarial implica un gran esfuerzo para las provincias.

La situación es más compleja en las provincias más pobladas, cuyos Estados tienen menos recursos fiscales por habitante. El caso de la provincia de Buenos Aires, con el 40% de los alumnos del país, es paradigmático: pese a destinar el mayor porcentaje del gasto público total a educación del país (34%), el salario de sus docentes está por debajo del promedio provincial. Las remuneraciones están determinadas por los recursos fiscales de las provincias, injustamente distribuidos. Existen, sin embargo, ciertos márgenes: los casos de Santa Fe, Chaco y Tucumán, que aumentaron el salario docente por encima del promedio nacional entre 2003 y 2011, son ejemplo de ello. En el polo opuesto, en Catamarca, Chubut y Tierra del Fuego el salario cayó en términos reales en el mismo período.

El salario docente no puede depender de la coyuntura económica, de la definición del gobierno de turno o de la capacidad de negociación de los sindicatos. Para mejorar la educación es necesario sostener y aumentar su valor real, y para ello se requiere priorizar la educación como política de Estado, que permita mantener la inversión educativa aún en contextos de recesión. Además, es necesaria una mayor participación del gobierno nacional para apoyar a las provincias con mayores restricciones fiscales. En caso contrario, el salario docente continuará siendo la variable de ajuste de los vaivenes del gasto público.