10 propuestas educativas y su costo fiscal
(Buenos Aires, 9 de septiembre de 2015).-
CIPPEC presentó hoy un documento con 10 propuestas que podrían implementarse entre 2016 y 2019 para mejorar la educación. La publicación, escrita por Cecilia Veleda, Axel Rivas y Florencia Mezzadra se complementa con un documento escrito por Malena Acuña que precisa la inversión requerida por las políticas de mayor peso presupuestario.
Como promedio para 2016-2019, CIPPEC estima que bajo un escenario macroeconómico moderado (crecimiento medio anual del PBI de 2,5%), las políticas más onerosas pueden demandar aproximadamente entre un 0,72 y un 1,36 puntos suplementarios del PBI (año base 2004), según las alternativas de implementación. Los costos que aquí se presentan fueron estimados en pesos de diciembre 2014 para el período 2016-2019 según la alternativa intermedia de implementación (el documento presenta otra de máxima y una de mínima).
Las 10 propuestas educativas
1. Continuar con la expansión del nivel inicial y fortalecer la atención de la primera infancia
Empezar más temprano genera mayores capacidades para el aprendizaje futuro. El Estado debe construir aulas y escuelas para expandir la cobertura de las salas de 3 y 4 años y garantizar la adquisición de aprendizajes valiosos. También es crucial fortalecer la atención desde los 45 días hasta los 2 años inclusive con un abanico integral de políticas, que comprenden desde la atención del embarazo hasta las licencias por maternidad y paternidad o la atención de la salud y la nutrición.
Para dimensionar el peso fiscal de las políticas para la educación inicial se estimó el costo de:
1.Expandir la cobertura de jardines maternales hasta llegar al 10% de los niños entre 45 días y 2 años (en 2013 aproximadamente 5,3%), que exigiría $10.835 millones de pesos.
2.Expandir la cobertura de la sala de 3 hasta llegar al 80% de los niños de 3 años (en 2013 alrededor de 41,6%), lo que requeriría unos $20.302 millones.
3.Universalizar la sala de 4 años (que en 2013 cubría al 85,3% de los niños), que implicaría unos $7.730 millones.
2. Continuar con la extensión de la jornada en las escuelas primarias más vulnerables
En 2011 se inició la Política Federal de Ampliación de la Jornada Escolar, pero resta avanzar más decididamente con la participación del gobierno nacional en el financiamiento de los cargos docentes; la implementación en todo el nivel primario (no solo en el segundo ciclo); y la priorización de la jornada completa en los contextos más críticos.
Que la jornada completa o extendida alcance en 2019 al 30% de los alumnos de nivel primario en escuelas de gestión estatal, supondría incluir a 749.400 alumnos nuevos. Si la mitad de estos fuesen cubiertos con jornada completa (a través de la construcción y equipamiento de escuelas nuevas), y la otra mitad con jornada extendida (con la construcción y equipamiento de aulas en escuelas existentes), el costo sería de unos $47.231 millones de pesos.
3.Transformar la educación secundaria
Además de garantizar la universalización del acceso a la educación secundaria, el desafío más complejo es lograr que los alumnos quieran ir a la escuela. En este camino será importante designar a los docentes por cargo y no por hora cátedra; focalizar la enseñanza de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios; modificar el régimen académico, con materias de acreditación anual y otras de acreditación más flexible; mejorar la formación en competencias laborales; financiar proyectos pedagógicos con sentido para los alumnos, y potenciar el programa Conectar Igualdad.
En el marco de esta propuesta, se costearon dos metas:
- Alcanzar la universalización de la escuela secundaria en 2019, con la incorporación de casi a 299.000 jóvenes, lo que exigiría invertir unos $21.347 millones.
- Otorgar a los docentes horas pagas sin alumnos a cargo, asegurar un tutor cada 30 alumnos y financiar proyectos institucionales costaría unos $13.827 millones.
4.Reformular y usar estratégicamente un Sistema Nacional de Información y Evaluación Educativa
Disponer de información integral digitalizada sobre el aprendizaje y las trayectorias de los alumnos (repitencia, sobreedad, abandono) es indispensable. Habría que asegurar evaluaciones censales regulares en los niveles primario y secundario, y elaborar informes por escuela con orientaciones para la mejora. Esto generaría un sistema de presión positiva por la mejora, con una responsabilidad compartida entre las autoridades y los actores escolares.
5.Poner a disposición de todos los docentes un sistema articulado de materiales de orientación a la enseñanza
El Ministerio de Educación de la Nación podría elaborar o regular, articular y poner a disposición de los docentes un sistema de materiales diversos con orientaciones para la enseñanza, centrados en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Sería también deseable una ley nacional de libros escolares, para institucionalizar la evaluación técnica permanente y la compra anual de libros para distribución gratuita en las escuelas.
6.Asesorar a las escuelas con mayores dificultades y aprovechar la experiencia de las escuelas y docentes con experiencias destacadas
Será fundamental concentrar el apoyo técnico en las que presenten indicadores más críticos y propiciar la cooperación entre escuelas y docentes, con foco en las estrategias para mejorar los aprendizajes de los alumnos.
Se evaluaron los recursos necesarios para garantizar apoyo técnico de 2 años a los docentes que atienden al 25% de los alumnos que asisten a las escuelas estatales con peores trayectorias escolares y calidad educativa, y de 6 meses al resto de los docentes de escuelas estatales. Se estimó que, cada mes, los docentes reciban 8 horas cátedra de capacitación paga y los capacitadores dediquen 16 horas cátedra (como horas de clase y para trabajo institucional, consultas, preparación de clases, etc.). Alcanzar esta meta entre 2016 y 2019 implica una inversión de $6.168 millones.
7.Fortalecer los cargos jerárquicos
Directores y supervisores de escuela son actores clave para la mejora de los aprendizajes. La formación especializada a través de un posgrado anual y la reformulación de los concursos de ascenso serían fundamentales para fortalecer estos roles. Además de ser evaluados por sus antecedentes laborales y su desempeño en un examen escrito, los candidatos con mayor puntaje deberían elaborar un diagnóstico y un proyecto específico para la escuela o región cuyo cargo se concursara, para evaluar en forma contextualizada a los candidatos.
8.Crear una nueva carrera docente con cargos especializados
En la actualidad, la carrera docente no distingue ni aprovecha la experiencia de los docentes más potentes o con alguna formación específica. Por ello, sería necesario crear una carrera con cargos que requieran especialización o mayor experiencia, a los que se debería acceder a través de un concurso riguroso, y a los cuales se debería reconocer con un plus salarial.
9.Concebir una nueva política nacional de Formación Docente
La apuesta de transformación más profunda y compleja radica en mejorar sustantivamente la formación inicial de los docentes a través de un plan de apoyo y reorganización de la oferta, becas de estudio para estudiantes destacados en las mejores instituciones del país, la formación en la práctica profesional y un examen de habilitación para el ingreso a la profesión, entre otras dimensiones.
Para apoyar la concreción de este desafío central, se estimó el costo de concentrar al 62,5% de la matrícula pública actual en 75 unidades educativas de uso exclusivo para los institutos de formación docente, nombrar 2 cargos de coordinadores de investigación por cada unidad educativa y otorgar becas para la concreción de estudios equivalentes al 60% del piso salarial docente: para el 40% de los estudiantes en ISFD de gestión pública y el 60% de los docentes de ISFD de gestión pública. Alcanzar esta meta implica una inversión de $27.729 millones de pesos.
10. Consensuar y monitorear un plan decenal de educación
Es clave acordar las principales metas educativas a través de un plan educativo nacional a 10 años, con la previsión de los recursos requeridos. Una mirada de largo plazo permitiría diseñar una política de aumento salarial progresivo. En este plano, se analizó el costo de aumentar 10% para la mitad de los docentes estatales y escuelas privadas subvencionadas y 15% para la otra mitad, donde el mayor aumento corresponde a quienes por igual tarea y nivel de capacitación reciben menor remuneración que sus pares del resto del país. Alcanzar esta meta costaría $58.284 millones.
En conjunto, en el período 2016-2019, todas las metas supondrían un costo incremental de, aproximadamente, entre 139.938 y 266.573 millones de pesos de diciembre 2014 según se opte por las alternativas de máxima, media o mínima de implementación.
